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En su momento, un juzgado condenó al sacerdote a más de 18 años de prisión por el delito de acceso carnal violento agravado a dos menores de edad. El parroco fue a parar a la cárcel, pero por vencimiento de términos recobró la libertad y terminó oficiando eucaristías nuevamente. Posteriormente el Tribunal Superior ratificó la condena al sacerdote.

En un fallo ejemplificante el Tribunal Superior Sala Civil no solo condenó al sacerdote, tambien inlcuyó en la condena a la Iglesia Catolica como Institución en forma solidaria a pagarles (junto con el sacerdote condenado) 50 salarios mínimos a cada uno de los menores, y 30 salarios mínimos a los padres, más otros perjuicios que se probraron dentro del proceso.

Esta familia víctima son desplazados por la violencia que se ganaban la vida como carretilleros en la plaza, se arrepienten del momento en que acudieron a la iglesia de San Antonio a pedir ayuda para sus hijos.

El padre de esta familia, ante la necesidad de no tener nada que ofrecerle a su esposa y a sus seis hijos, fue a la parroquia por sugerencia de una conocida.

Allí, lo recibió el párroco Luis Enrique Duque, quien se mostró dispuesto a colaborarle, advirtiéndole que sólo podía darle la mano cuidando a sus dos hijos mayores, que entonces tenían 7 y 8 años. Abusando Carnalmente de estos dos menores de edad en múltiples oportunidades.

Cientos de casos similares ocurren día a día, y las familias no denuncian o en muchos casos queda en el anonimato estos graves hechos.

 

Si conoces algún caso similar puedes denunciarlo AQUÍ.

 

Diana, residente en Bolombolo (Antioquia), era madre de dos niños de año y medio y tres meses respectivamente. Ya había denunciado ante las autoridades - Policía Nacional y la Comisaría de Familia de Venecia-Antioquia, ser víctima de maltrato físico, verbal, sicológico y económico por parte del padre de sus hijos, por lo cual Diana estaba a la espera de la resolución del caso, como le ordenó la comisaria de Familia de Venecia.

Diana, no tuvo tiempo de rehacer su vida al lado de sus hijos pues la muerte la sorprendió a manos de su ex pareja Juan David Hincapié, y ante la mirada incrédula de los habitantes del pueblo, le propinó a la madre de sus hijos 36 puñaladas segándole la vida y luego se dirigió a la casa de sus padres que con complicidad lo acogieron. La comunidad quiso cobrarle el hecho pero fue protegido por la policía del pueblo, aquella institución que irónicamente omitió el deber de proteger la vida pese a los múltiples ruegos de protección por parte de Diana y su familia.

En este momento los niños están con la abuela materna, pero la comisaria de Familia de Venecia ya le había concedido la custodia de los bebés al asesino. La familia de Diana teme por ellos, teme represalias y clama por protección y ayuda económica y sicológica, ya que el niño mayor está presentando desórdenes de conducta mostrando agresividad extrema e imitando los movimientos de la mano del hombre que empuñó el arma homicida que lo dejó sin madre. Resulta obvio para todos que la custodia de los niños concedida al asesino de la madre es un hecho aberrante.

La familia de Diana clama para que se difunda su caso con el fin de llamar la atención a las autoridades y entes competentes, toda vez que en este país quien denuncia amenazas y no es político, nunca le otorgan protección real.

Este caso ha sido calificado como Crónica de una muerte anunciada, pues a pesar de las múltiples golpizas que le había propinado el asesino a Diana Bolivar y las denuncias interpuestas ante las autoridades, estas fueron vilmente omisivas en el deber de protección. 

Actualmente esta familia se encuentra acompañada por la Firma Litigio Estratégico, quienes denunciaron a los funcionarios que omitieron el deber de protección, y adicionalmente cursa demanda contra el Estado para que se Reparen los Daños y Perjuicios causados, se conceda una reparación simbolica y se ordene una GARANTÍA DE NO REPETECIÓN. 

 

Si conoces algún caso similar puedes denunciarlo Aquí 

 

 

 

El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín, admitió demanda contra la Clínica Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y la EPS SURA con ocasión a las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió la pequeña Samantha, una bebé de pocas horas de nacida, durante un procedimiento de tamizaje practicado por una enfermera de la Clínica Bolivariana de Medellín, para hacer “el diagnóstico precoz de hipotiroidismo congénito”.

El padre de la menor, Anderson Henao, aseguró que todo comenzó con una confusión en la Clínica Bolivariana, donde a su pequeña se la llevaron a practicarle un examen que ya le habían hecho; pero al regresar con la recién nacida, la madre observó las heridas y de inmediato pidió la urgente atención de la bebé.

"La niña estaba llorando; llore y llore; entonces mi señora la empezó a mirar y vio que las medias estaban goteando sangre. Entones ella (la mamá), angustiada, llamó a las enfermeras a ver qué pasaba… las enfermeras en el momento que le quitaron las medias se trajo la piel, y le dijeron a la mamá que eso no fue nada grave, que eso fue que la habían tallado con el alcohol, que no se preocupara, que la niña estaba bien", relató el padre, también angustiado.

Posteriormente y luego de haberse develado el intento de ocultar los hechos, Samantha fue trasladada a la unidad de quemados del hospital San Vicente Fundación, donde según el diagnóstico debió ser sometida a múltiples intervenciones quirúrgicas.

"Nos dijeron que la niña tenía piel y músculo comprometido, que lo más probable es que a la niña le tenían que hacer un injerto de piel de ella misma", afirmó el señor Henao.

El padre de la niña, angustiado por lo ocurrido, reclama a la Clínica Bolivariana, adscrita a la Universidad Pontificia Bolivariana, claridad y responder por hechos, porque a la fecha aunque les han dicho que responderán por los daños, no les han aclarado cuál fue el mal procedimiento y qué pasará con la enfermera que lo practicó.

"Hay tres versiones distintas de como hicieron el examen, el gerente dijo que fue con agua caliente, la jefe de enfermera dijo que fue con una bolsa de agua caliente, la enfermera que la llevó a la pieza dijo que la tallaron con alcohol, y nadie nos da razón", detalló el señor Henao.

La Familia de Samantha, se encuentra asistida por la Firma Especializada Litigio Estratégico, quienes presentaron la demanda y fue admitida por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito. Adicionalmente presentaron denuncias ante el Tribunal de ética de enfermería, Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Salud, aunado al avance en la investigación penal contra los responsables que cursa en la Fiscalía General de la Nación. 

 

 

La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación representada en el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el extinto DAS por su responsabilidad y participación en los hechos que rodearon el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón Forero registrado el 13 de agosto de 1999 en Bogotá.

En el debate jurídico el alto tribunal determinó que existió una falla en el servicio de las autoridades para proteger la integridad y seguridad de Garzón Forero quien había sido declarado objetivo militar por parte del máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño Gil.

El jefe paramilitar ordenó el asesinato de Garzón Forero tras considerar que tenía relación con grupos subversivos, principalmente el ELN. A Castaño Gil no le gustaba el trabajo humanitario del periodista para la liberación de personas secuestradas por dicho grupo guerrillero.

Para el máximo comandante de las AUC el periodista se estaba beneficiando económicamente de esta actividad humanitaria. Además recibió una presión por parte de altos mandos militasres que no veían con buenos ojos el papel de Garzón. (Ver 'En una junta militar se dio la orden de asesinar a Jaime Garzón')

Por estos hechos actualmente son procesados el excomandante del B-2 de la Brigada XIII del Ejército, coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo por el delito de homicidio agravado en calidad de determinador y el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez por el delito de homicidio agravado en calidad de coautor. (Ver: Asesinato de Jaime Garzón fue un crimen de Estadio: Fiscalía)

Para la Sala, está probado que el exsubdirector del organismo de inteligencia y el exjefe de Inteligencia de la Brigada 13 no solo adelantaron seguimientos contra el comediante, sino que compartieron la información recolectada con el excomandante de las Autodefensas Carlos Castaño, a quien sugirieron ordenar el homicidio de Garzón Forero.

En el fallo se les ordenó al director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto y el comandante del Ejército, general Juan Pablo Rodríguez que presidan un acto de perdón público a los familiares del periodista. En el acto se deberá hacer un reconocimiento expreso de responsabilidad agravada por estos hechos que enlutaron a todo el país.

La Sala determinó que el atentado contra el humorista fue producto de una violación sistemática a los derechos humanos y de persecución ejercida por las autoridades en contra dirigentes sociales, líderes políticos de izquierda, periodistas y profesores universitarios. (Ver 'Don Berna' señaló a tres generales por crimen de Jaime Garzón)

La alianza criminal

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo determinó que existen pruebas suficientes para determinar que existió una participación directa de los agentes del Estado en las actividades de seguimiento y recolección de información reservada. Los datos sobre los movimientos de Garzón en Bogotá y su actividad fueron recogidos por agentes de inteligencia.

Posteriormente se los entregaron a la banda delincuencial de ‘La Terraza’ de Medellín, conocida por ejecutar homicidios selectivos y otras actividades criminales ordenadas por los paramilitares. Para la Sala existen pruebas que permiten inferir la existencia de una alianza criminal entre la Fuerza Pública y los grupos paramilitares.

Se tuvo en cuenta el fallo emitido por el juzgado séptimo especializado de Bogotá que condenó a 38 años de prisión a Carlos Castaño Gil. En el fallo se hace referencia a una clara participación de militares y policías para coordinar el atentado contra el periodista. En dicha decisión se absolvieron a dos miembros de la banda ‘La Terraza’.

La Sala rechazó los argumentos de las entidades demandas que aseguraron que la responsabilidad del crimen recae únicamente sobre las AUC y sus miembros, no al Estado. En este punto se manifiesta que fue una labor conjunta para planear y ejecutar el ataque. (Ver Las estrategias para desviar la investigación por el crimen de Jaime Garzón)

Crimen de lesa humanidad

El Consejo de Estado indicó que el crimen de Jaime Garzón constituyó una vulneración grave de derechos humanos puesto que se encontraba en situación de indefensión cuando se perpetró su ejecución y, adicionalmente, su muerte tuvo una finalidad terrorista. En el fallo se considera que el crimen del periodista es un delito de lesa humanidad.

La Nación deberá pagarles una indemnización de $900 millones a los hermanos del periodista en concepto de perjuicios morales. (Fuente el espectador.com)

Según Alirio Isaza, padre de Daniela Gutiérrez Sánchez, la mujer que murió violentamente al caer de su moto por culpa de un hueco, la vida de él y toda su familia cambió para siempre tras el deceso de su hija.

 

El trágico hecho, que acabó con las ilusiones de Daniela y embargó de tristeza a todos, ocurrió a la altura de la calle segunda con carrera octava. Tristemente, pasó a ser el segundo hecho en el que una motociclista muere por culpa de un bache en la vía en menos de un año en la ciudad.

 

Daniela era madre de una niña de cinco años de edad, soltera y se ganaba la vida como vendedora de partes para motocicletas en el sector de la carrera cuarta. Según el señor Isaza, “ella era una mujer de muchos amigos, muy alegre, trabajadora y a pesar de ser soltera mantenía bien a su hija”.

“Sumidos en profunda tristeza”

 

Con relación al hecho en el que falleció Danielita, como le decían cariñosamente sus allegados, el padre de la mujer lanza una sentencia que quita el aliento: “el accidente nos ha cambiado la vida totalmente. Éramos muy felices. Nos reuníamos los fines de semana a compartir y este hecho nos cambió la vida para mal, ya no hemos vuelto a congregarnos. La verdad yo tengo una rabia muy grande y claro que pensamos demandar porque son casos que no se deben dejar pasar por alto”.

 

Ayer, la familia se reunió de nuevo, pero no para alguna fiesta o celebración, lo hizo para el último día del novenario que hicieron en memoria de la joven madre. “Lamentamos que hubo necesidad de que el hueco acabara con la vida de mi hija, para que luego lo taparan, como diez días después”, agregó el entristecido padre.

Fatídico día

 

Daniela iba en moto para su trabajo sobre las 7:30 de la mañana y cayó en un cráter que había sobre la calle segunda. En ese momento perdió el control del velocípedo y fue a parar sobre un sardinel que se encuentra en la carrera octava.

 

Malherida, fue auxiliada y trasladada al Hospital, siendo ingresada a la Unidad de Urgencias. De inmediato, el médico que la atendió le practicó una tomografía con el fin de conocer las lesiones padecidas por Daniela y encontró que tenía un trauma
craneoencefálico.

 

El allegado indicó, en tono reflexivo, que a la joven madre posterior al accidente, le practicaron dos TAC en su cerebro “parecía que las lesiones, no eran de gravedad, estábamos muy esperanzados en su recuperación”.

El 31 de diciembre de 2016 les dijeron que tenían que presentarse con carácter urgente en el hospital. “Ese día su estado de salud empeoró y nosotros nos apegamos a la fe”. Posteriormente, el corazón de la joven madre se detuvo para siempre. Las heridas en su cerebro fueron demasiado graves.

Pregunta por la mamá

 

Ahora, Alirio Isaza y Ana Sánchez, junto al padre de la menor, responden por la niña de cinco años que dejó Daniela por culpa del absurdo accidente. Al preguntarle al padre de Daniela si la nieta los ha ayudado a salir de este duelo en el que se encuentran, las lágrimas invaden su rostro y alcanza a expresar con un nudo en la garganta: “la verdad son sentimientos encontrados.

 

Uno se pone feliz al verla, pero también la tristeza nos invade cuando pregunta ¿Dónde está mi mamá?”. Una atmosfera de silencio se apoderó del momento en que se hacía la entrevista. (fuente lanacion.com.co)

En la madrugada del 24 de diciembre, mientras los colombianos se preparaban para festejar la Navidad, la abogada Nohelia Cruz recibió una llamada desde la cárcel La Modelo de Bogotá. “Lo están colgando de la celda. Lo están matando”.

Ese día, tal y como Cruz asegura que le advirtió un preso en la llamada, murió Cristian Steven Morales, de 18 años de edad, quien había sido capturado hace tres meses. Su cuerpo apareció colgado con una sábana y solo hasta este martes la familia pudo conseguir el dinero para realizar las honras fúnebres.

Cruz, que lo defendía en un proceso por lesiones personales por el que estaba detenido con medida de aseguramiento, asegura que lo que le pasó a su cliente fue un homicidio.

El caso de Morales comenzó en octubre, cuando quedó en medio de una riña callejera. Él, hincha de Santa Fe, según la denuncia en su contra, hirió en la pierna a un joven de otro equipo, con un cuchillo, por lo que fue detenido.

Aunque la abogada asegura que desde el 2 de octubre, en la audiencia preliminar, el juez le concedió la detención domiciliaria, nunca fue enviado a su casa. El primer mes estuvo en Paloquemao, el segundo en una Unidad de Reacción Inmediata, y el tercero, en una celda primaria de la cárcel La Modelo.

La abogada afirma que, de manera inexplicable, en esas celdas especiales también están peligrosos presos que compartieron reclusión con Morales.

Fue así como el 18 de diciembre pasado el joven le contó a su abogada que lo habían violado. “Entrevisté a Cristian, quien se encontraba en un cuarto solo con una colchoneta y una cobija. Le llevaba unos implementos de aseo y, en confianza, me contó que un preso lo violó”.

El joven aceptó denunciar los hechos ante la Fiscalía, y señaló como su agresor a Jhonatan Alexander Taborda Uribe, a quien le dicen ‘el Paisa’, y paga una condena de 17 años de prisión en La Modelo por homicidio.

Aunque la abogada le envió una petición formal al director del Inpec y de la cárcel Modelo el 21 de diciembre para que permitieran el traslado de Cristian hasta su casa –una humilde vivienda en el barrio Sanandresito, en el nororiente de Bogotá– la remisión nunca se hizo efectiva, a pesar de que existía una orden judicial que la ordenaba. “Es la crónica de una muerte anunciada. Cristian quedó en peligro después de denunciar la violación y el Estado no hizo nada para protegerlo”, dice Cruz. De hecho, en la carta la abogada le decía al director del Inpec que el traslado era necesario “para prevenir algo más terrible e irreparable”.

Consultado por EL TIEMPO, el Inpec aseguró que “no realizará pronunciamiento alguno sobre el caso y que se iniciaron las investigaciones internas”.

La abogada afirma que Medicina Legal le entregará los resultados de la necropsia de Cristian en las próximas semanas donde se concluirá cómo murió.

Sin embargo, desde ya, Cruz descarta que se trate de un suicidio. “Tengo testigos en la cárcel que me dijeron que a Cristian lo mataron. Él estaba muy apegado a la vida. Incluso, habíamos conversado de las posibilidades para que terminara el bachillerato y entrara a la universidad”.

Agrega que la familia iniciará las acciones judiciales necesarias para demandar al Estado pidiendo una indemnización.

“Fue negligencia del Inpec no llevarlo a su casa durante tres meses. El juez de garantías ya había ordenado que se fuera para la casa, y no para la cárcel, por eso lo tenían en celdas primarias. Si lo iban a tener ahí detenido, tenían que cuidarlo”, asegura la abogada.

La niña Guadalupe Uribe Mesa ingresó al servicio de urgencias de ese centro médico el pasado domingo. La madre de la menor, Dora Lilia Uribe, describe en la denuncia: “nos identificamos y solicitamos atención inmediata dado que mi niña tenia vómito, diarrea constante y dificultad para respirar”.

Guadalupe fue llamada para el triage dos horas más tarde, y fue atendida por un enfermero que la clasificó en triage III, que, de acuerdo con el Ministerio de Salud, significa que el paciente “necesita un examen complementario o un tratamiento rápido pues su situación puede empeorar si no se actúa”.

A pesar de ver que la niña necesitaba atención de urgencias, el Instituto Neurológico de Colombia decidió negarle la atención pues ella se encontraba inactiva en su EPS, Sura. Al respecto, la mamá de la menor, que se había quedado sin trabajo un mes antes, relata:

“A los 10 minutos nos llama la recepcionista y nos requirió por que la niña no aparecía afiliada a SURA, y nos dijo que no podrían prestar el servicio por la EPS, que la única manera por la que podrían prestar el servicio que requería la niña sería particular y que tendría que pagar la cuenta, lo cual era imposible para nosotros que somos de bajos recursos. Adicionalmente el padre de la niña no estaba conmigo ya que su madre había fallecido ese día”.

Dora Lilia, con desconocimiento de la obligación legal que tiene la institución de brindarle atención a la niña aunque no tenga EPS, decidió irse para su casa y, con el poco dinero que tenía, le compró un tarro de suero esperando que eso lograra recomponerla. Durante la noche, la mamá de Guadalupe la cuidó y le dio suero, pero la niña no parecía mejorar. Fue a las 7:30 de la mañana cuando la situación se salió de las manos de la mujer, que, sin dinero, tuvo que coger un taxi y llevar a la niña a la Clínica Soma.

“La observe sin aliento y con la vista un poco perdida, de inmediato salí corriendo y le dije a un taxi que no tenía dinero, y él accedió a llevarme dado el estado en que observó a la niña”, relata la mujer.

Una vez en la Clínica Soma, los médicos la atendieron de inmediato e intentaron reanimarla pero, lastimosamente, no pudieron hacer nada por ella. La niña había fallecido.

Por el momento, se cree que la causa de la muerte fue un paro cardio respiratorio. Sin embargo, según explica Sebastián Gómez, abogado de la familia, Medicina Legal está haciendo valoraciones.

En medio del shock por la muerte de su bebé, Dora Ligia fue interrogada en la Clínica sobre los antecedentes de Guadalupe. Luego de que contara todo lo que había que tenido que atravesar ese día, los médicos de esa institución le explicaron que se trataba de una grave negligencia.

“Dijeron que era muy grave porque a la niña no le pudieron haber negado la atención y que si la hubieran atendido estaría con vida”, explica la señora Uribe.

La trabajadora social de la Clínica Soma le dijo a Dora Lilia que iba a indagar las razones por las que el Instituto Neurológico de Colombia había decidido negarle la atención a Guadalupe. Ella, por su parte, fue hasta ese centro médico y reclamó la historia Clínica.

Luego de que en el Instituto intentaran distraerla asegurando que necesitaban una orden judicial para entregar el documento, según denuncia la madre de la menor, ella tuvo que recurrir a acompañamiento de abogados para exigir que en el Instituto cumplieran su pedido.

A Dora Lilia le entregaron en total dos historias clínicas, una de ellas “gravemente alterada”, según puede leerse en su denuncia. Inicialmente, le hicieron entrega de un documento que aseguraba que había ido a urgencias el 20 de febrero por “gripe y diarrea”, y que había sido atendida por una enfermera. Ninguno de esos enunciados corresponde a la realidad.

Luego, tras exigir corrección, le entregaron una historia clínica que sí coincide con los hechos: por un cuadro clínico que requiere atención prioritaria.

LO QUE EXIGE LA FAMILIA

Los padres de Guadalupe exigen que se investiguen los hechos “con el fin de que se llegue a conocer la verdad de lo sucedido y se determine la grave negligencia y falta de transparencia del Instituto Neurológico Colombiano”.

Así mismo, piden que se investigue a la EPS Sura. Al respecto, el Abogado Asociado Sebastián Gómez junto con el equipo medíco Especializado adscrito a la Firma, explicaron que la intención con esta petición es que se investigue si la recepcionista que le informó a la mamá de Guadalupe que no podían atenderla tomó esa decisión por sí misma o se comunicó con la Entidad antes de negar el servicio a la menor.

La familia exige la atención de las autoridades para que hagan las investigaciones respectivas y tomen las medidas que correspondan, de manera que “estos nefastos hechos no le vuelvan a suceder a ningún paciente dentro de esa institución, especialmente niños”. (fuente minuto30) 

 

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